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“Derecho de uso”: Un modelo entre la compra y el alquiler

En distintas localidades de nuestra provincia se están llevando a cabo disferentes discusiones vinculadas a la conveniencia de los barrios privados que, en algún sentido, reavivan la discusión sobre la desigualdad habitacional.

La cuestión del acceso a la vivienda constituye uno de los temas de más complejo abordaje para las gestiones de gobierno. En respuesta a esto, han nacido complejas articulaciones ciudadanas, que buscan cubrir uno de los derechos humanos más básicos de protección: el derecho a la vivienda, íntimamente conectado al derecho a la ciudad.

Tal es el caso del cooperativismo de vivienda, que surge de esta lógica creativa que propone una producción social del hábitat, con la idea que si los problemas son globales la solución también puede serlo.

Un caso concreto se da en torno al concepto de “derecho de uso”, en distintos países se va gestando un modelo que va sumando experiencias concretas en pos de afrontar este problema social. Se trata de una alternativa de acceso a la vivienda entre la compra y el alquiler, al margen del mercado especulativo.

En este modelo, se puede disfrutar de una vivienda durante un tiempo indefinido, participar en la toma de decisiones sobre su diseño y su posterior vida, pero sin llegar a adquirirla en propiedad.

En Uruguay, existe un caso emblemático en cuanto al desarrollo de las cooperativas de viviendas eco-sociales en derecho de uso, que facilita modelos de vivienda más sostenibles.

Frente al modelo tradicional que era utilizado en dicho país, de propiedad privada, en el que una vez construido el edificio, se disuelve la cooperativa y cada residente es propietario de su vivienda. Esto ha beneficiado históricamente la especulación inmobiliaria y financiera. Sin embargo, en contraposición a este modelo, surgen las cooperativas de vivienda de cesión de uso, que no se disuelven al terminar la construcción, sino que existen mientras dure el edificio. Éstas son propietarias del inmueble durante la vida del mismo y ceden el derecho del uso de las viviendas a los cooperativistas por un tiempo indefinido.

De esta manera la cooperativa de cesión de uso gestiona aspectos como la entrada y la salida de inquilinas/os, el mantenimiento del edificio o el alquiler de locales comerciales. Este sistema dificulta los procesos especulativos, anteponiendo lo común a lo individual.

El derecho de uso puede ser indefinido en el tiempo, transmitido y heredado. La/el cooperativista lo adquiere mediante el pago de una cuota de entrada inicial que recupera al abandonar la vivienda y lo mantiene con una cuota mensual equivalente a un alquiler.

En el vecino país, el modelo promovido por FUCVAM (Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua) logró aglutinar a más de 22,000 familias en un total de 515 cooperativas activas en todo Uruguay y convertirse en la política pública más relevante para abatir el déficit habitacional en el país.

Uno de los méritos más importantes de la Federación es la modificación de la legislación existente en torno a las cooperativas. A partir de la regulación jurídica orgánica de las cooperativas de vivienda, se las reconoce como una modalidad específica. La normativa jurídica pasó a ser un elemento que facilitó la constitución de cooperativas de vivienda y la formación de un movimiento popular.

 

Otras experiencias

En 2010, a partir del modelo uruguayo, y gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Sueca, nace COCEAVIS, –Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria–  conformada por entidades de asesoría técnica y organizaciones sociales de segundo grado que coordinan y dan dirección política a las 65 cooperativas creadas en los cinco países de la región centroamericana: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. La COCEAVIS representa a 2,962 familias excluidas del mercado formal de vivienda y del crédito público.

En Dinamarca, gracias al conocido como modelo Andel, aproximadamente el 10% de las viviendas están en cesión de uso; en Copenhague llegan hasta el 30%.

En países como Alemania, Suecia, Finlandia y Noruega el sistema funciona desde hace décadas con muy buenos resultados.

En España, una cooperativa pionera es Sostrecivic, con gran cantidad de desarrollos en Barcelona, donde los vecinos pagan entre 150 y 450 euros por viviendas que costarían entre 300 y 700 euros en el mercado del alquiler.